sábado, 11 de febrero de 2017

Transparencia y rendición de cuentas.

Sistema Nacional Anticorrupción ¡Ya!
Por: Carlos Eduardo Torres Muñoz.

Este relato usted ya lo conoce: un grupo de ciudadanos, académicos y especialistas, se unieron para elaborar un proyecto de ley que combatiera la discrecionalidad, la corrupción y la impunidad en el servicio público, lograron armar un proyecto coherente, ordenado y ambicioso de Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conocida hoy por todos, como #Ley3de3; a su promoción se unieron empresarios, instituciones académicas, organizaciones civiles y un etcétera en el que cabemos muchos, incluidos políticos y también servidores públicos.

La demanda de un alto a la corrupción, en esta coyuntura histórica en contra de ése fenómeno tan agresivo en nuestro país, ha sido el contexto perfecto para la participación ciudadana. La iniciativa de Ley requería 120 mil firmas para su discusión en el Congreso General; llegó a superar las 630 mil. Robusta y sólida por su contenido y expectativa, la Ley produjo de inmediato incomodidad en la clase política, aun cuando se esforzaran en demostrar lo contrario. Prueba de ello es que hay entre quienes más se aferran a su defensa no han dado el paso voluntario de presentar sus tres declaraciones en la plataforma www.ley3de3.mx.

Natural es que el proceso haya sido complejo, nunca antes había sucedido algo similar en nuestro país. Estamos ante una demostración de conciencia cívica activa inaudita en México. En la dinámica del Parlamento Abierto, durante el diálogo hubo momentos de impase: lo normal en una negociación. Sin embargo, con extraordinaria madurez política, los representantes de las organizaciones en la mesa supieron responder con respeto, argumentos y cortesía, a los políticos que tenían enfrente, tan poco acostumbrados a dialogar en esos términos. Además de esto, los participantes ciudadanos han sabido ser inteligentes al grado tal de entender la malicia de grupos políticos que los han querido reclutar para sus causas electorales. Han tendido la mano, sin dejarse jalar para un lado. Todo ello merece un reconocimiento extenso y público a Transparencia Mexicana; el Instituto Mexicano para la Competitividad, Fundar, la Red por la Rendición de Cuentas y todo ése conjunto de organizaciones que se sentaron a dialogar y negociar con dignidad, fortaleciendo la confianza y credibilidad que los puso ahí.

Sin embargo aún no se ha culminado el esfuerzo, falta lo más importante: que se materialicen las propuestas en forma de Leyes y que le demos vigencia a la voz de estos miles de mexicanos que hemos exigido a nuestra clase política dé un paso definitorio en contra de la corrupción y la impunidad.

El grupo de expertos ha logrado la incorporación de 30 elementos de la iniciativa ciudadana al proyecto presentado por la coalición legislativa mayoritaria en el Senado de la República (PRI-PVEM): Ley general que somete a un mismo régimen de responsabilidades a todos los órdenes de gobierno, órganos, entidades e instituciones;   Códigos de Ética con implicaciones legales; Incluir entre los sujetos obligados a candidatos, equipos de transición, líderes sindicales, servidores públicos y particulares; Directrices de conducta en el servicio público; Todas las obligaciones que dirigen la conducta del servidor público; Declaraciones Patrimonial, Fiscal y de Intereses que deberán contener toda la información necesaria para conocer la evolución en el patrimonio y versión pública de éstas; Plataforma digital para recibir declaraciones y verificar su veracidad, conectada a todos los sistemas de información necesarios; Los 10 tipos de corrupción nominados y completos, en donde además se reconoce que se amplían los tipos y conceptos de corrupción; Tipo de corrupción especial de soborno diferido para candidatos, miembros de equipos de campaña, equipos de transición y dirigentes partidistas; Tipos de corrupción que impliquen a personas físicas y morales; Herramientas especiales de investigación; Autonomía de las autoridades investigadoras; Protección a testigos y denunciantes; Principios básicos y obligaciones en la investigación; Capítulo de integridad de personas morales;  Procedimiento administrativo completo que separa en diferentes autoridades: investigación, sustanciación y resolución; Valoración libre de la prueba; Proceso de responsabilidades equilibrado;  Sanciones para todos los posibles involucrados en actos de corrupción; Mecanismos para incorporar la figura internacional de “whistleblower”; Recursos de revisión para denunciantes; Amplias facultades del Tribunal para regresar expediente e instruir mejor investigación; Mecanismos para la eficacia de las sanciones, y Registro Nacional de servidores públicos sancionados; Sanciones agravadas por las condiciones del acto, su impacto y las características del servidor público; y Reducción de sanciones por confesión[1].

Pero también han reclamado la ausencia de las reformas en materia penal necesarias para darle operatividad plena al Sistema Nacional Anticorrupción, y las competencias de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Corrupción.

Por si esto fuera poco, el período se terminó sin la conclusión de dicho proceso, y aunque ya se ha acordado un período extraordinario, le solicitamos a los Legisladores miembros de la Comisión Política Permanente, la discusión y análisis de este asunto, como uno de importancia y urgencia impostergable: la oportunidad de acrecentar su nivel de credibilidad está frente a ustedes, neta: no la desaprovechen.
@CarlosETorres_
Miembro de Impacto Legislativo.

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