De acuerdo a la teoría, las transiciones democráticas tienen generalmente tres etapas: la de liberalización, en la que se reconocen y amplían diferentes derechos políticos y civiles, a través de un proceso de apertura del régimen; la democratización en la que el propio sistema comienza a reconocer triunfos de la oposición, a ceder ante las movilizaciones sociales y a normalizarse el ejercicio de las libertades públicas, y finalmente la consolidación en la que la nueva realidad surgida se establece con plena vigencia, de tal forma que el retroceso se vuelve complejo e incluso antítesis de la convicción comunitaria.
Las tres etapas en el caso mexicano se han dado en ese orden, pero con paralelismos entre las tres, momentos en que una y otra etapa, han estado presentes en la conducta institucional y social, generando coyunturas de liberalización del régimen, democratización de la ciudadanía y consolidación de las conquistas, al mismo tiempo.
Según César Cansino, en términos del académico Robert Dahl, la democratización es la etapa de la transición democrática, en que a la liberalización, que es la ampliación de contestación pública, se une la participación. En México, podemos identificar dicho fenómeno en la etapa en la que, luego de la reforma política alcanzada en 1977, la participación ciudadana se notó en dos campos diferentes, pero paralelos en ese momento: la contienda político-electoral en los ámbitos locales y la respuesta de la sociedad civil, que respondió a diferentes hechos con organización y colaboración, más allá de la intervención del Estado.
En el primer caso las elecciones de 1986 en el estado de Chihuahua y la aguerrida respuesta que hizo un grupo nutrido y plural de ciudadanos, algunos miembros de la oposición y otros intelectuales, e incluso la jerarquía católica y empresarial de aquella entidad, a lo que, el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett llamó, según Enrique Krauze, “fraude patriótico”. Aquella experiencia fue una muestra de la concientización de una sociedad que no quería más ser solo espectadora del juego democrático, sino involucrarse y ser agente activo del seguimiento de su derecho a elegir a sus representantes.
El segundo frente se había dado un año antes, ante la ineficaz respuesta del Estado a la crisis producida por el temblor del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, y que el mismo Krauze ha llamado “bautizo cívico”. Carlos Monsiváis, describiría aquel momento así: “El 19, y en respuesta ante las víctimas, la ciudad de México conoció una toma de poderes, de las más nobles de su historia, que trascendió con mucho los límites de la mera solidaridad, fue la conversión de un pueblo en gobierno y el desorden oficial en orden civil. Democracia puede ser también, la importancia súbita de cada persona.”
A partir de entonces las muestras de la convicción de los ciudadanos por no ceder más la tutela de los derechos personalísimos que le correspondían y la posibilidad de ejercerlos en colectivo, a través de sus propias convicciones coincidentes con las de sus iguales, fueron en aumento. Poco tiempo después, surgiría desde el seno mismo del entonces partido hegemónico una corriente democrática, en pos de la apertura del sistema dominante y la liberalización de la vida partidista.
El propio sistema no pudo hacer caso omiso a estas condiciones y comenzó a ceder, creando puentes de participación y de entendimiento con la sociedad civil a través de diferentes iniciativas, que culminaron con la ciudadanización de los órganos electorales y la autonomía constitucional de diferentes instituciones.
Finalmente, en 2000, la alternancia fue el resultado de la concientización de la ciudadanía del poder de su voto y la necesidad del cambio (lo del fracaso de la opción que se eligió para que tuviera lugar ese cambio, es asunto ajeno a esa decisión primaria).
A partir de entonces se comenzó a vivir un ambiente de plena democratización a partir del aumento de la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos, que por fin, hemos ido identificando como “cosa nuestra”, identificando con el término nuestro, lo que nos corresponde e involucra a todos.
Fue en 2001 cuando la insistencia de un grupo de presión, proveniente de la sociedad civil, generó la primera ley de acceso a la información pública y transparencia en el país. Una realidad distinta nacía entonces: el sistema se liberalizaba (cediendo), la ciudadanía actuaba, reafirmando sus convicciones democráticas y una relación de poder distinta a la que había predominado en el siglo pasado, se consolidaba a inicios del actual.
Una vez que el modelo tradicional de ejercer el poder en México se vio agotado y luego de diferentes reformas en materia política, arrancando por la de 1977, encabezada por Jesús Reyes Heroles, el Estado mexicano inició un proceso de transformación, a partir de varios fenómenos de transición, misma que comenzó con la social, partiendo a la política, la económica, culminando todas, en la institucional que generó una nueva lógica del ejercicio del poder.
Este modelo estatal, en cuya estructura existían sólo tres poderes (el Legislativo, Ejecutivo y Judicial), ha vivido una profunda reforma, desde la teoría misma, hasta la práctica cotidiana. Hoy conviven con estos tres poderes, los conocidos órganos constitucionales autónomos, que sin estar sobre ellos, se encuentran en la misma órbita del poder de aquéllos, pues al no depender de ninguno, se especializan en la regulación y garantía de asuntos específicos, derivados, la mayoría, de un debilitamiento del Poder Ejecutivo, al que se le han disminuido atribuciones, para dárselas a éstos. Ejemplo de ello es el Banco de México, el Instituto encargado de organizar las elecciones y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, por citar algunos.
Cómo bien lo ha explicado el reconocido académico Mauricio Merino (En La segunda transición democrática de México: esfuerzos, tropiezos y desafíos de México en busca de un sistema completo, articulado y coherente de rendición de cuentas) luego de la primera etapa de transición política, en la que la liberalización del Estado mexicano se generó a partir de la apertura democrática, pasando por la democratización, que habremos de llamar inicial (para distinguirla de la actual), pasamos a dotarnos como nación de un complejo sistema institucional para la organización de las elecciones. Resultado de ello son el ya mencionado Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ambos en la lógica de la autonomía constitucional. Pero también se dio una naciente conciencia, en esta etapa que abarca de 1977 a 1996, del concepto de democracia constitucional, dotando de nuevas atribuciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creando y consolidando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como fortaleciendo la autonomía municipal y a los mismos Ayuntamientos, entendiendo que la democracia venía de la periferia hacia el centro.
Finalmente, y una vez lograda la alternancia, que se identificó, erróneamente, como el punto cumbre de nuestra transición, se dio paso a la creación de las instituciones que profundizarían nuestra vida democrática y el ejercicio político de pesos y contrapesos, posible en la nueva dinámica plural de la naciente competencia electoral. Así nació la Auditoría Superior de la Federación, luego, de un primer esfuerzo colectivo de la sociedad civil, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, hoy INAI, a este le siguieron, como bien lo señala Merino, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), y en el transcurso del tiempo hemos evolucionado el planteamiento inicial hasta la recién aprobada Reforma Constitucional Anticorrupción, que ha establecido un Sistema Nacional en la materia, conformado por distintos órganos del Estado ya pre-creados y nuevos, como el Tribunal Administrativo.
Esta segunda transición ha venido acompañada de ingredientes que la primera no tuvo: la pluralidad política por doquier; la diversidad de medios de comunicación y su amplio margen de maniobra; la indignación colectiva y la propuesta objetiva de la sociedad civil, y finalmente, mecanismos constitucionales de los cuales carecimos en la primera etapa de nuestro arribo a la democracia, lo que nos permite tener garantías antes apenas teóricas.
Por supuesto, aún hay mucho por hacer. Pero estamos conscientes de ello, un ejemplo de esto es la elaboración, promoción y presentación de la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conocida como Ley tres de tres. Esta misma posibilidad, la de presentar iniciativas de ley sin el aval de ningún partido político, fracción parlamentaria o legislador, es una novedad traída de esta segunda transición de la que somos testigos.
Nos hemos dado en la Constitución, una democracia. Hoy los esfuerzos de cada vez más mexicanos se encaminan a dárnosla en términos prácticos, con todo lo que ello significa: no sólo elecciones, partidos políticos y pluralidad ideológica, también respeto a los derechos humanos, consolidación de nuestro aparato de justicia, mecanismos y medios para hacer efectiva la transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, y el derecho a ejercer como agentes en la dinámica política, no sólo como sujetos pasivos de la misma.
Democratización, es además de un proceso de recuperación de la soberanía por parte del conjunto social (o una parte mayoritaria de ésta), un efecto de concientización sobre el poder que se tiene al actuar en conjunto y la importancia que tienen el ejercer la democracia como una oportunidad de articular varias libertades: la de opinión, manifestación, sufragio y la de exigir rendición de cuentas, por parte de los representantes populares, funcionarios públicos y el complejo ente llamado Estado.
En la última etapa del proceso de transición democrática hemos visto estas características, lo que también explica el alto nivel de decepción de la ciudadanía en torno a ello: la sociedad civil ha evolucionado a un ritmo más acelerado, con márgenes de acción mucho más amplios y con una conciencia cívica, mucho mayor que como lo ha venido haciendo la clase política. Estar indignado, significa un nivel de interés, ya no vacío, sino activo, cada día más.
Lo que reconocemos como sociedad civil, es decir los grupos de acción política sin militancia partidista activa, pero sí con causas colectivas, se han venido involucrando con fuerza en la agenda pública como nunca antes lo habían hecho. Han impulsado con éxito iniciativas en diversos temas, como derechos humanos, transparencia y reforma política. Así hoy tenemos un cuerpo jurídico más comprensivo de la visión no-estatal, sin que esto signifique que hemos dejado de lado al propio Estado, sino que lo hemos transformado en uno que es mucho más dinámico, menos anacrónico, con más apertura y sin duda, con un fuerte ingrediente de participación más allá de sus órganos institucionales.
Esta, que se podría reconocer como una evolución, si a lo que aspiramos es a un modelo cercano cuando menos a la idea democrática sustantiva, ha tenido en el último año evidencias, de la cuales hemos elegido cuatro para ejemplificar, y cerrar así nuestro argumento con pruebas de análisis:
1. Redes sociales: la esperanza de ir más allá. Todos hemos sido testigos de la actividad que han suscitado por parte de la ciudadanía en diversos temas, lo que ha llevado a movilizaciones y también a respuestas del propio Gobierno Federal y otras instituciones. Las redes sociales se han vuelto un campo de actividad política que la ciudadanía en general ha sabido aprovechar con toda libertad, generando una presión fuerte, de forma sencilla. Claro está que aún hace falta ir más allá, informar los posicionamientos y elevar la calidad del debate ahí con los elementos que es exigible a quién afirma: la comprobación, o cuando menos, los componentes mínimos de respeto, tolerancia, responsabilidad y veracidad.
2. Los resultados electorales de 2015: nuevos actores y pluralidad. Los resultados de las elecciones intermedias de 2015 y locales en algunos estados trajeron una interesante novedad, se acabaron los monopolios electorales, repartidos en tres grandes partes y otras pequeñas. En ese proceso han surgido, además de la victoria del primer actor político relevante a nivel nacional, surgido de la figura de candidaturas independientes, otras fuerzas políticas con destacables resultados en determinadas regiones. El Movimiento de Regeneración Nacional y Movimiento Ciudadano, han venido a competirle la representatividad, de manera seria, a los tres grandes partidos políticos, cuando menos en la (naciente) Ciudad de México, y la zona metropolitana de Guadalajara, así como el Partido Verde Ecologista ha crecido su votación en Chiapas.
3. Iniciativa tres de tres: ciudadanos en acción. Las cifras revelan el éxito de esta iniciativa impulsada por distintas organizaciones civiles, primero en la recolección de firmas, que sobrepasaron con mucho lo esperado: la ley exige para que una iniciativa de ley pueda ser presentada como “Iniciativa Ciudadana”, 120 mil firmas, esta propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas, recabó 634,143 firmas, sin ninguna estructura partidista o clientelar. Además de esto la iniciativa de presentación de las declaraciones patrimoniales, de interés e impuestos, va ganando adeptos y mostrando que la presión ciudadana se refleja cada día más en reacciones de los actores políticos.
4. Candidaturas independientes: la nueva alternativa. Finalmente han hecho su aparición con relativo éxito las candidaturas independientes en todo el país. Hoy ya se han vuelto relevantes, por lo pronto, un gobernador, un diputado federal y uno local, los tres de distintas regiones y estados del país. Se comienza a discutir la posibilidad de una candidatura independiente para el proceso electoral 2018, con un participante surgido de esta figura para competir por la Presidencia de la República. E independientemente de sus resultados como servidores públicos, de la tendencia ideológica o práctica de sus gestiones, son evidencia de una nueva realidad: la participación de ciudadanos por vías diferentes a las tradicionales, los partidos políticos.
Nos encontramos en una consolidación innegable de nuestra democracia, con la democratización y la rendición de cuentas, la transición actual.
@CarlosETorres_
Publicado en tres partes por La Jornada Zacatecas.
Primera parte: http://ljz.mx/2016/03/30/democratizacion-y-rendicion-de-cuentas-la-transicion-actual-parte-i/
Segunda parte: http://ljz.mx/2016/04/06/democratizacion-y-rendicion-de-cuentas-la-transicion-actual-parte-ii/
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