Coyuntura histórica contra la corrupción.
Coyuntura histórica contra la
corrupción (Parte I)*.
Carlos E. Torres
Muñoz.
Hace pocas semanas
el Doctor Guillermo Cejudo del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE), en el Políticas Públicas y Gobierno Democrático, llevado acabo por
dicha institución educativa en su Región Centro, con Sede en Aguascalientes,
decía que estamos frente a una coyuntura histórica contra la corrupción, al
volverse un tema de interés singular en la agenda pública.
Sin duda la
expresión del Doctor Cejudo, quien además es un experto en ese y otros temas
relativos a la implementación de políticas públicas, es descriptiva del momento
que en este momento vivimos en torno a ese debate que, hoy más que nunca, se ha
vuelto un tema de inconformidad, reclamo e indignación pública.
No hay partido
político que quede a salvo de dicho mal que carcome los esfuerzos colectivos
por el desarrollo nacional, pero tampoco hay sector, clase o nivel social que
escape de lo que, a manera de autocrítica, debemos aceptar es un mal cultural.
Lo es. Desde tiempo
atrás Octavio Paz, Cosío Villegas y otros muchos más, han explicado el origen
de la visión patrimonialista que, desde la Colonia se volvió un rasgo
distintivo de nuestra acepción de lo público, que, en palabras de alguien más,
no es de nadie, ni es de uno, sino de todos. No es un mal que aqueje solo a
quiénes ejercer el poder, lo es también de quiénes aceptan como un hecho la
apropiación de lo público como particular e incluso, en aras de obtener un
beneficio, alimentan dicha concepción de quién ostenta en el momento la
administración del erario.
Hay que aceptar
que, en lo que podríamos llamar la lógica del mercado de la corrupción, existen
dos elementos igual de importantes: la oferta (disposición de un funcionario,
representante o servidor público a ser corrompido) y la demanda (intención de
un ciudadano a sobornar o inutilizar la ley a través de los medios a su
alcance). Justo en el momento en que era redactada esta reflexión Animal
Político informaba de nuevas grabaciones a Directivos de OHL, quiénes planeaban
sobornar a Magistrados mexicanos.
La idea no es
repartir culpas, sino asumirlas. La constante posición de inmaculados puristas
no nos sirve para atajar un problema que, frecuentemente es criticado y
denunciado en público, pero que se acepta, impone y practica en lo privado.
Quizá el primer paso debería ser partir de la idea de que el problema se
encuentra en todos lados y en todos lados hay que combatirlo, fijando prioridades,
pero sin obviar lo que pareciera ser minúsculo, pues es a partir de las células
que se contamina cualquier tipo de cuerpo.
Recientemente no
solo los medios de comunicación, partidos políticos, legisladores, funcionarios
y demás actores políticos se han enfocado en el tema, también lo han hecho con
suma precisión la academia, las instituciones educativas y los organismos
internacionales. De tal interés han surgido interesantes análisis, de los
que destaco principalmente dos: el primero un artículo de Luis Carlos Ugalde,
aparecido en la revista Nexos número 446, titulado La democracia multiplicó la
corrupción, y el segundo recientemente dado a conocer por el citado Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO), elaborado por la reconocida académica María Amparo Casar, titulado
“México: anatomía de la corrupción”.
De este último me
gustaría ocuparme en una segunda parte de esta misma reflexión (si las
circunstancias y el medio me lo permiten), y sólo aporto un dato dado a conocer
en la Introducción de dicho trabajo, que viene a fortalecer lo dicho antes por
el Doctor Cejudo: de acuerdo a datos de Infolatina en 1996 la prensa mencionó
la palabra corrupción en 502 notas, en 2014 lo hizo en 29,505. Sí, en
definitiva la coyuntura es histórica.
Entre los datos más
interesantes que aporta el artículo de Ugalde es el que, de acuerdo con el Foro
Económico Mundial, la corrupción superó a la inseguridad como obstáculo para
hacer inversiones en México. En su artículo el Director de Integralia, hace un recuento
de casos, de todos los colores y latitudes, de casos de corrupción puestos en
evidencia a través de distintos medios, entre ellos, las redes sociales, y de
cómo, la alternancia no significó una disminución de ésta, sino su
“democratización”. El ex – consejero Presidente del extinto IFE, supone el mal
en la misma deficiencia del sistema que no abolieron las administraciones del
“cambio”: el clientelismo. Para él pasamos de una gobernabilidad autoritaria a
una gobernabilidad clientelista, alimentada principalmente por las prebendas y
complicidades.
Recientemente se ha
promulgado la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública a nivel federal, que entre otras cosas, instituye el Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
personales, encabezado por el reformado INAI (Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), y que
incluye a los organismos garantes de los estados (caso Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública –CEAIP- en Zacatecas), la Auditoría Superior de
la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
Sin embargo, dicha
Ley, los derechos que protege y las garantías que otorga, son apenas
herramientas de un complejo mecanismo que tiene que ser echado a andar por la
sociedad. Funciona. En Zacatecas hemos sido testigos de cómo los medios
reflejan las multas y medidas de apremio que la CEAIP ha impuesto a diversos
alcaldes sin que sea posible evitarlas o evadirlas. En transparencia y
rendición de cuentas estamos dejando de lado los tigres de papel y les estamos
dando instrumentos de coercibilidad a los organismos autónomos para hacer valer
este derecho que nos asiste a todos los mexicanos.
A todos nos toca
una tarea tan compleja como es abatir la corrupción.
*Artículo
publicado en La Jornada Zacatecas el día 2 de junio de 2015.
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Coyuntura histórica contra la corrupción
(Parte II)*.
Por: Carlos Eduardo
Torres Muñoz.
El contexto post-electoral nos da una
inmejorable oportunidad para reiterar el momento histórico que vive México en
torno a la conciencia del mal que representa para todo proyecto viable de país
la corrupción.
Para Luis Carlos
Ugalde (Nexos 466) la transición democrática, con la alternancia y la
pluralidad política, democratizó la corrupción, acabando con el monopolio de
ésta en manos de un solo actor, quién podía concesionar, compartir o inhibirla,
para que, a través del funcionamiento de los mecanismos del equilibrio de
poderes (check and balances), la opacidad y discrecionalidad del uso y
manejo del erario pasara a otras sedes: ya sea a otros Poderes (Legislativo
principalmente con la negociación del presupuesto) o a otros niveles de
gobierno.
María Amparo Casar,
ha demostrado a través del, anteriormente citado, estudio México:
Anatomía de la corrupción, como los mexicanos consideran que la
corrupción es Muy Frecuente o Frecuente, en los partidos políticos (50 y 34 por
ciento), superando al Gobierno Federal (43 y 33 por ciento), los
Estatales (41 y 36 por ciento) o los Municipales (37 y 38 por ciento) y
equiparándolo con el Poder Legislativo, que presenta valores similares (43 y 34
por ciento respectivamente. La desconfianza por causa de la corrupción, no es
hoy monopolio de ningún sujeto en particular, y si un problema mayúsculo
compartido.
Sin duda, estas
percepciones, han tenido mucho que ver en los recientes resultados electorales
del 7 de junio próximo pasado. El concepto de rendición de cuentas, es uno que
va íntimamente ligado al de la transparencia, y su mal a prevenir y remediar:
la corrupción.
Los electores han
hecho una rendición de cuentas a través del único medio eficaz con el que
cuentan para ello: sus votos. En Nuevo León, Distrito Federal, Sonora,
Guerrero, Michoacán y Guadalajara, el castigo ha sido evidente y claro: en
dichas demarcaciones ha habido cambio de propuesta política a través de la
elección de una opción distinta a la que antes los gobernó. No ha habido
partido político que se salve de dicho fenómeno que guarda en sí importantes
elementos de análisis para el porvenir inmediato de la democracia mexicana.
Sostengo la
siguiente hipótesis: el electorado mexicano ha cobrado conciencia del poder que
le otorga el voto para castigar la corrupción, y tal como sucedió con la
alternancia, este fenómeno ha comenzado por el nivel local. No tardará en
practicarse en el ámbito federal. La selección que han hecho los electores de
los estados antes mencionados y muchas otras municipalidades, ha sido un claro
mensaje de alineación de la ciudadanía en contra de la corrupción, como ya lo
habían hecho, los medios, la academia y diversos actores políticos, sociales e
incluso culturales.
No hay que olvidar
que la rendición de cuentas es un mecanismo de doble función: castigar, pero
también premiar. Así, también hay lugares donde el buen gobierno, y la buena
percepción de la ciudadanía ha refrendado el voto.
Claro es que, en
ello habrá más discusión, debate e incluso subjetividad, dado lo complejo que
es hacer un análisis cierto de las razones del voto en general.
Sin embargo, de
todo ello, los partidos políticos y quiénes en ellos participamos, tenemos una
inmejorable oportunidad para analizar nuestra actitud institucional, la
conducta de nuestros compañeros militantes y la oferta pública que hacemos a
una sociedad que, hoy avanza a pasos no pocas veces más rápidos que nuestras
decisiones.
En ningún lado está
ganada la guerra, apenas hay supuestos avances en batallas locales. Como se ha
advertido bien, habrá que mantenerse al pendiente de las nuevas opciones
políticas e impedir que resulte peor el remedio que la enfermedad.
En Zacatecas ha
comenzado ya la discusión preliminar de la que será la Nueva Ley de
Transparencia y Acceso a la Información, que a primera vista, apunta hacia una
legislación de vanguardia, como lo ha sido nuestro Estado en muchos cuerpos
normativos a lo largo de la historia jurídica de nuestro país. Ése es un
compromiso, que sin duda, debemos honrar y mantener, el de ir adelante en la
conquista, respeto y consolidación de los derechos humanos, políticos y
civiles, de los zacatecanos.
Finalmente, en la
última parte de éstas participaciones abordaremos cómo el problema de la
corrupción no es un tema exclusivo de las instituciones públicas, y ajeno a las
personas físicas y colectivas privadas, sino todas parte de un círculo vicioso,
que a través de la discusión crítica, asertiva y objetiva, tendremos que asumir
como cultural, para entender cómo inhibirla, combatirla y erradicar en lo
posible, con metas realistas y acciones concretas más allá de la condena y la
retórica.
*Artículo publicado
por La Jornada Zacatecas el día 11 de junio de 2015.
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Coyuntura histórica contra la
corrupción (Última parte).*
Por: Carlos
Eduardo Torres Muñoz.
En el apartado IV.
Más allá del gobierno: empresas, ciudadanos y cultura de la legalidad, del
ya multicitado estudio de María Amparo Casar, México: anatomía de la
corrupción, la académica inicia con una cita extraordinaria de Sor Juana
Inés de la Cruz: ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga:
la que peca por la paga o el que paga por pecar? En esta expresión
poética, podríamos resumir quizá el tópico más claro, pero también el que más
evitamos, cuando al tratar de la corrupción se trata.
Es políticamente
incorrecto insinuar siquiera, desde cualquier posición institucional, que el
pueblo es no solo corruptor, sino también corrupto. Luego de que el Presidente
Enrique Peña Nieto, lo expresara en una entrevista, lo que vino no fue la
recepción del comentario, con un ánimo de autocrítica nada halagüeña, más bien,
hubo el rechazo tajante, del mensaje por el mensajero. Pero, los datos, que no
mienten, ni andan justificándose y mucho menos haciendo política, nos pegan en
la cara, de forma incómoda pero cierta.
Hemos explorado en
las anteriores participaciones cómo el sistema democrático y las instituciones
no han sido capaces en México de superar la corrupción, ni interna, ni
externamente y cómo, como diría la misma Casar, pareciera que existe un pacto
entre la clase política para evitar que entre ellos exista algún tipo de
castigo, permitiendo así altos grados de impunidad, teniendo en casos, cada vez
más comunes, la ciudadanía que hacerlo a través del voto: instrumento de
decisión cívico que ha venido adquiriendo poder, sin que haya pasado de ser
aún, constitutivo apenas de la definición sobre quién toma las decisiones y no
sobre qué y cómo se toman estas decisiones.
Sin embargo, ha
quedado demostrado que éste es un problema complejo, sin causas aisladas, sino
más bien, de múltiples factores, que en conjunto, le han hecho perdurable, e
incluso, ha impregnado muy profundamente la conciencia común de los mexicanos.
De acuerdo con los
datos ofrecidos por el estudio de Amparo Casar y un reciente artículo de Otto
Granados, en la Revista Nexos (Número 448), la práctica de actos de corrupción
no son exclusivos del sector público o de la relación de empresas e individuos
con éste, ya que al interior de la iniciativa privada hay un alto porcentaje de
acciones que encajan a la perfección en la esfera de la ilegalidad e impunidad.
Ambos autores, citan
la Encuesta sobre Fraude en México KPMG del año 2010, que
demuestra como el fraude interno en el sector empresarial (es decir el hecho
por individuos que laboran dentro de la misma empresa), tiene hasta un 75% de
incidencia, superando a Brasil (68%), Argentina y Chile (41% en ambos casos).
La mayor causa de
este tipo de acciones, tiene que ver con los trámites burocráticos, que sin
dejar de ser discrecionales, son complejos, tardados, obsoletos en ocasiones,
sin evitar que al final, estén en manos de un solo individuo, sino al
contrario, dando poder de decisión a todo un conjunto de funcionarios y
titulares de dependencias gubernamentales. Aunque también los hay, para obtener
licitaciones no ganadas a través de la mejor oferta, concesiones, ser
beneficiarios de un programa, etc.
Pero, los ciudadanos
de a pie no se están siquiera cerca de estar exentos de tal “cultura”. De
acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI
2013, en trámites más sencillos, como los del Registro Civil, Vehiculares, de
energía eléctrica o agua potable, entre otros más, hubo más de cuatro millones
de actos de corrupción, principalmente en el concepto Contacto con autoridades
de seguridad pública (sobrepasando el millón setecientos mil).
Todo ello, por
supuesto, tiene una íntima relación con la contracara de la cultura de la
corrupción: la cultura de la legalidad, supuesto inherente al Estado de Derecho,
y a una sociedad en armonía contra la corrupción. La Encuesta de Cultura
Constitucional de la UNAM 2011, demuestra cómo tan solo el 35% de los mexicanos
no está dispuesto a violar la ley, sin importar si la considera justa o no.
Mientras que la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de
la Secretaría de Gobernación 2012, indica que solo el 42% está de acuerdo en
que los ciudadanos deben obedecer siempre las leyes, aun cuando sean
injustas.
Ello tiene que ver,
principalmente, con la conducta institucional de los dos poderes ajenos al
Ejecutivo: el Legislativo, que debe socializar su trabajo al momento de crear
las normas que regirán a la sociedad que representa; y el Judicial que debe
justificar, explicar y empoderar las razones por las dicta sus sentencias, y el
sentido de éstas.
El estudio de María
Amparo Casar, hace una precisa exposición de más estadísticas en este sentido,
cómo por ejemplo, la normalidad con la que el mexicano ve la piratería.
Otto Granados, en La
corrupción consentida (Nexos 448), propone lidiar con la corrupción a través de
la prevención y una intensa campaña de promoción de valores ciudadanos, en la
que la honestidad y no la malicia, sea celebrada y motivada a compartir, más
allá del “agandalle”, mexicano.
Cabe cerrar con el
mismo exhorto: entre mejores ciudadanos seamos, mejores funcionarios, líderes y
dirigentes tendremos, a base de nuestra elección, pero también de nuestra
intolerancia a quiénes no estén a la altura de nuestra conducta cívica y
política. Es una tarea ardua, de convicción e independencia más allá de las
nuevas legislaciones, compromisos, declaraciones y escándalos aislados.
*Artículo
publicado en La Jornada Zacatecas el día 6 de julio de 2015.
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