sábado, 11 de febrero de 2017

Política.

Votar-botar la ley*.
Por: Carlos Eduardo Torres Muñoz.

Lamentablemente, no es una novedad el que tengamos una clase política reacia al cumplimiento de la ley, y tampoco lo es que la ciudadanía en general, tenga una terrible desconfianza en las instituciones, y la percepción preocupante en torno al estado de derecho, ése concepto que a base de ser elemento constante del discurso, tan abstracto y complejo, se siente lejano, sino falso.

Además de lo anterior, el desgaste propio de las instituciones encargadas de administrar justicia no ayuda en una mejor recepción de las sentencias y determinaciones que éstas toman, casi siempre opacas, incomprensibles para el ciudadano común, estrictas hasta la lógica de la lex dura sed lex (la ley es dura, pero es la ley), concebidas más como un instrumento de consolidación de los fuertes, que como un acto de igualdad hacia con los débiles.

Este es un todo un asunto de debate, incluso filosófico de la teoría jurídica. Nos enfrentamos constantemente, quiénes tenemos un trato constante con el derecho, a su doble cara: la de procurador de justicia, y su, no pocas veces fallida misión, profundizando la injusticia, por su método. Nuestros sistemas jurídicos se han vuelto complejos, gigantes en algunos casos, híper-especializados y cada vez más públicos, sin que por ello logremos en sí mejorar la percepción de éstos, o su relación con la sociedad en general, un asunto, por cierto, cada vez más notable en la nueva dinámica democrática-constitucional en la que nos estamos insertando.

Además de ello, resultado de nuestra larga transición a la democracia, en México nos otorgamos una reglamentación en materia electoral excesiva, invasora, muy poco liberal, inclusive, limitante de otros derechos. Nuestras leyes en este sentido han buscado regularlo todo, los casos habidos (de las experiencias) y los que pudiera haber (hipótesis normativa), al grado tal que han vuelto el derecho humano de ser votado (el de votar es poco más sencillo) uno extremadamente complejo, pero que, curiosamente, lo han legislado y creado, los mismos que fueron y han de ser votados.

Por ello la judialización de los procesos electorales es cada vez más común, es casi imposible no cometer lo que podría parecer una falta para el adversario,  en una campaña electoral. Así vemos como la última palabra cada día más, queda en manos del único poder no popular de nuestro Estado: el Judicial. No denigro con este adjetivo al Poder Judicial. Al contrario, coincido en que a él no deben llegar los populares, sino los profesionales. No incido en el tema, da para otros renglones, en otra ocasión.

En lo que sí quiero abundar es en el peligro de pretender que la ley se preste, para su aplicación, en un asunto de actos populares, más que de razón y argumentación jurídica. Ése es un peligro que regresa con la intención (peligrosa) de ir en búsqueda de las mayorías en todo, incluidas las sentencias.

No es ésta la lógica que ayuda al fortalecimiento de la cultura del respeto a la ley, el estado de derecho y la correcta aplicación del principio de legalidad. No podemos elegir a iniciativa de parte qué ley nos debe aplicar y en qué casos, es obviamente pueril la idea de esto.

En Zacatecas, en pleno proceso electoral hemos sido testigos de una medida administrativa legal y jurídicamente justificada, pero popularmente inapropiada. El caso me parece simple: un ciudadano, en su aspiración de ser candidato y luego Gobernador del Estado, usó una estrategia que le pareció simple pero eficaz: adelantarse a hacer campaña sin llamarla precampaña, ponerle otro nombre, una argucia jurídica para darle la vuelta a la fiscalización de la propaganda personalizada. Dada la cultura legaloide que prevalece en la lógica litigante, les pareció una buena idea. El INE, con una Comisión de Fiscalización, encabezada por un brillante intelectual –me consta- (Ciro Murayama), no se dejó ver la cara; encontró pruebas de esta argucia y actuó en consecuencia, quizá para poner un escarmiento. Entonces vino la victimización, que seguro dará resultados. Tiene ya de regreso su candidatura, habrá burlado la ley, pero el Tribunal Electoral definió que aun así podía competir, y qué bueno por el derecho de la ciudadanía a votar, no por el suyo a ser votado, sino por el de sus seguidores a votarlo.

Lo lamentable aquí es que su “gandallismo” ésa actitud que tanto mal hace a nuestras instituciones y a nuestra cultura de la legalidad, dio nuevamente dividendos, a éstas “víctimas de la mafia en el poder”, tan vivaces y audaces para aparentar que la razón les asiste, a través de los gritos, las marchas y la simplificación maniqueísta de “buenos contra malos”, del uso de la decepción y de la esperanza de la gente, a la que dicen tanto representar.

Ojo, si al llegan al gobierno, también podrían utilizar las mismas argucias: cambiarle el nombre a los procesos, procedimientos y figuras legales. Quizá ya no sean empréstitos, sino “Inversión para el fortalecimiento de la soberanía popular”, y… pues así.

@CarlosETorres_

*Publicado por La Jornada Zacatecas. 

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