sábado, 11 de febrero de 2017

Política-Local.

Notas del después de una elección.
Por: Carlos Eduardo Torres Muñoz*.

En Zacatecas, como en otras trece entidades del país, la ciudadanía en bloque, nos permitimos ir a las urnas para tomar decisiones que parecen firmes (la mayoría de ellas), y donde la competencia electoral fue el ingrediente más evidente. Es importante que luego del episodio, reflexionemos sobre lo que ha significado el ejercicio democrático (sí, por lo pronto, ésa es la democracia), que acabamos de superar y que sirvan también de base para vislumbrar qué sigue, y hacia dónde dirigirnos.

1.    Úrgenos la dignificación de la vida pública. El proceso electoral no nos nutrió del todo de información valiosa, sino de muchos elementos para la confusión, para el enfrentamiento y la polarización. Permitimos propios y extraños que la dualidad “buenos contra malos”, se instalara en el centro de nuestros debates; faltaron argumentos y sobraron suposiciones. Nos urge retornar por los caminos de las ideas, de la seriedad y del misticismo para la política, legitimar los medios, y no deslegitimar el fin con ellos.

2.    Esta democracia no. La democracia sufre cada vez más adjetivos y subtipos. Los teóricos de ella la tienen tan adornada a esta palabra que ya no sabemos dónde quedó la esencia de la misma. Cualquiera que sea el tipo que hemos vivido el domingo, estoy seguro que ni a los actores políticos, ni a los agentes cívicos, ni a los ciudadanos, nos tiene satisfechos. Reformas que van y vienen sólo nos llevan a intentar distintas dinámicas cada elección, lo que tampoco nos permite culminar con éxito y práctica el llamado período de transición, pues una de las características de la culminación de ésta es culminar con el proceso de debate y elaboración de las reglas, para dejar más o menos claro cómo es que jugaremos ese juego.

3.    Apenas comienza. En la escasa formación cívica que tenemos, acostumbramos a suponer que la mayor obligación y el principal ejercicio de participación en la vida política, son el voto que depositamos el pasado domingo. Esto no solo es falso, nos lleva a toparnos con realidades desagradables cuando regresamos a la urna, por descuido de nuestro papel de ciudadanos permanentes. Más que sujetos pasivos de la democracia en la que solo nos permitimos la elección de quién tomará las decisiones que tendrán que ver con lo público (lo que es de nadie, pero es de todos), nos urge entender que, es el momento de convertirnos en agentes (utilizando el término de Amartya Sen), permanentes: que vigilen, que cuestionen, que exijan, que se involucren, que participen, que se informen, que investiguen, que se corresponsabilicen.

4.    Pluralidad, más allá de los partidos. Zacatecas confirmó lo que el 2015 trajo como novedad a la arena electoral del país, ha dejado de existir el relativo equilibrio entre tres grandes fuerzas políticas, que trajo la post-transición democrática, hoy encontramos más expresiones que las tradicionales y la pluralidad se ha vuelto una constante, incluso al interior de los partidos políticos, y sobrepasándolos no pocas veces.

5.    Gobernabilidad, primer paso. El resultado de la elección refleja que la pluralidad deberá sostener intensos diálogos con el fin de lograr los acuerdos requeridos para que ésta sea característica bondadosa y no obstáculo malintencionado. Las instituciones políticas y las instituciones de gobierno deben partir de la lógica del respeto a sus diferencias, pero con el compromiso de encontrar coincidencias y partir hacia un sano equilibrio democrático que permita fortalecer a nuestra democracia.

6.    Gobernanza, el objetivo. No basta ya el paradigma tradicional que suponía que la gobernabilidad bastaba para hacer de un gobierno eficaz. Hoy cobra cada día más sentido el concepto amplio de la gobernanza, un esquema de participación política-institucional y social-civil que permita el desarrollo conjunto, incluyente y sostenido, a través de la coparticipación del Gobierno, los partidos, y las instituciones que forman al Estado con la sociedad y sus sectores sociales y privados, partiendo de la corresponsabilidad necesaria para lograr los objetivos comunes, en los que la voz de la sociedad civil tenga cada día más peso y más intervención en la toma de las decisiones.

En grandes rasgos, éstas son las notas que hemos podido elaborar a partir del análisis inmediato de los resultados del pasado domingo 5 de junio. Zacatecas requiere ahora de todos, visión y madurez política, civilidad social y sobre todo, compromiso con los retos que habremos de identificar en un diálogo plural, público e incluyente.

@CarlosETorres_

Miembro de Impacto Legislativo.

Publicado en La Jornada Zacatecas.


Constitucionalismo.

Democracia constitucional en acción.
Por: Carlos Eduardo Torres Muñoz.*

Recientemente el país ha sido testigo de decisiones, actos y resoluciones que hace algunos años no hubieran podido siquiera ser imaginadas con algo de rigor, en el campo que se quisiera: social, jurídico o político. Hoy, gracias a los resultados de una transición política que fue más allá de lo electoral, y que abarcó la transformación misma del entramado institucional completo que conforma al Estado, nos encontramos frente a una nueva lógica y tendencia para visualizar nuestros contexto jurídico, político y a partir de ello, en una medida aún en proceso, pero evidente, también social.

Esta tendencia es la de la Democracia Constitucional, resultado ésta de las reformas que a lo largo de treinta años generaron la posibilidad de encontrarnos frente a la conclusión de la transición política, con las reformas paradigmáticas en materia de derechos humanos de 2011.

En La democracia constitucional. Una radiografía teórica, del hoy Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Doctor Pedro Salazar Ugarte, el académico italiano Michelangelo Bovero, explica (entre otras definiciones más técnicas), a este modelo de Estado, de la siguiente forma: Forma de gobierno en la que los órganos del poder democrático, además de encontrarse articulados según el principio y/o división, están explícitamente vinculados en su actuación por la norma constitucional, que los obliga al respeto y a la garantía también de los otros derechos fundamentales, en primera instancia los derechos de libertad y los derechos sociales.

De tal forma, que la democracia constitucional, una expresión original del también jurista italiano, Luigi Ferrajoli, es la dinámica institucional, jurídica y política en la que nos encontramos actualmente, y es así como se explica la reciente sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ampara a cinco ciudadanos al uso lúdico de la mariguana, sus propias decisiones en materia del matrimonio igualitario y la propuesta hecha la semana pasada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en este mismo sentido.

En México, la democracia constitucional se ha ido alimentando de dos corrientes jurídicas contemporáneas, que parecieran ser una misma, y que sin embargo tienen diferencias claras: el neoconstitucionalismo y el garantismo.

El primero, una expresión acabada del Constitucionalismo post-guerras europeo (cuyas ideas nuestra Constitución de 1917,  teóricamente, ya recogía mucho), que jerarquiza a la Carga Magna y le da un valor invasivo y rector de toda decisión jurídica tomada por cualquier autoridad, partiendo de la supremacía de ésta. A sí mismo, reconfigurando la conformación del Estado, permitiendo la institucionalización de organismos ajenos a la esfera de los tres poderes tradicionales, que sin estar por encima de éstos, gravitan en un mismo nivel sobre asuntos específicos, y que conocemos más comúnmente como Organismos Constitucionales Autónomos (OCA).

El segundo, a diferencia del neoconstitucionalismo, no es solo una teoría, jurídica, sino que se extiende hasta la política, pues considera como base de toda toma de decisión política las reglas fundamentales de la democracia, enumeradas por Bobbio, y lo que el propio Ferrajoli (fundador de la misma corriente), define como la “esfera de lo indecidible”, es decir, un veto a un conjunto de derechos donde las mayorías políticas no tienen acceso, por considerarse naturales e inherentes de la persona, sin importar en el sistema de valores sociales o la moral común en la que se encuentre inmerso.

Estas breves notas tienen la intención de invitar al interés de todos los agentes del derecho, dado que sin idea de estas expresiones (democracia constitucional, neoconstitucionalismo, garantismo) y de los nombres aquí mencionados (Salazar Ugarte, Ferrajoli, Bobbio, Bovero), no es posible entender el momento en el que nuestra vida institucional, jurídica e insisto, cada vez más, la social, se encuentra inmerso y del cual debemos asegurar, no haya retorno alguno.

… en el margen me permitiré un posdata: no nos permitamos repetir el ejemplo de Colima en Zacatecas. Tengamos en cuenta que la competencia electoral debe ser un ejercicio de diferencia tolerante, no de intolerante incompatibilidad, pues podríamos lograr lo contrario al propósito democrático: volver a la política no solo indiferente a la ciudadanía, sino repugnante.

@CarlosETorres_
Miembro de Impacto Legislativo.

 Publicado en La Jornada Zacatecas. 

Democracia-Transparencia y rendición de cuentas.

La coyuntura histórica contra la corrupción en 2016*.
Por: Carlos Eduardo Torres Muñoz.

Entre junio y julio de 2015, en estas mismas páginas, utilizamos la expresión del Doctor Guillermo Cejudo,  para calificar el momento de convergencia social, política, incluso intelectual e institucional contra la corrupción, estábamos, decíamos entonces, en unacoyuntura histórica contra la corrupción.

Es posible decir que los acontecimientos dados en el año que ha transcurrido de entonces hasta el momento confirman la atinada expresión de Cejudo.

Entonces recién se había aprobado y publicado Reforma Anticorrupción, ahora hemos acudido al debate del Sistema Nacional Anticorrupción, su instrumento más acabado, en dinámicas totalmente novedosas para nuestra joven democracia constitucional. Por citar una, el interesante ejercicio de Parlamento Abierto, que se dio en el Senado de la República para atender las exposiciones de las organizaciones civiles, que representaron a los más de 630 mil ciudadanos que firmaron la iniciativa conocida como #Ley3de3.

Los partidos políticos, los actores públicos, las instituciones educativas, gubernamentales, civiles y sociales, los medios de comunicación y las redes sociales, se involucraron en un debate incluyente, que facilitó a su vez la indignación proactiva y la participación ciudadana. 
En 2016, en el contexto de la promoción, presentación y discusión de la multicitada iniciativa #Ley3de3, así como de las controversias a las que han convocado diferentes descubrimientos y hechos en México y en el mundo, la corrupción se ha mantenido, situada como el centro de la discusión pública.

En la coyuntura se han logrado avances inimaginables hace apenas algunos años: la movilización independiente y libre de ciudadanos contra distintos actos que identifican con la corrupción, la irrupción de la sociedad civil organizada para confrontar a la clase política y evitar que mantengan el modus vivendi calificado por María Amparo Casar como tapaos los unos a los otros, así  como la exigencia a quiénes se postulan para algún cargo y para quienes ya lo ocupan de un mecanismo que nos permite saber, cuánto tienen ahora, con quién tienen tratos o relaciones que en algún momento podría significarles la pérdida de objetividad en el ejercicio de sus encargos y su relación fiscal con el Estado.

Las elecciones son un momento idóneo para identificar, con quiénes podemos continuar la lista de logros en este contexto general de combate a la corrupción, o sí en determinadas regiones y entidades, se hará uso del federalismo mexicano, en su versión más perversa, la del feudalismo imperfecto (como lo calificaría la revista Nexos en octubre de 2011), para detener este fenómeno, cuyos resultados bien podemos calificar objetivamente, como avances sustanciales.

De vital importancia resultan las elecciones locales, pues se ha identificado con toda claridad desde hace tiempo que es aquí donde los esfuerzos por transparentar las cuentas gubernamentales y el uso del recurso público, se topan con legislaciones a modo, conductas opacas y francos paraísos para la corrupción y la impunidad. De esta lógica parte el esfuerzo por lograr Leyes Generales para reglamentar el derecho de acceso a la información pública y la transparencia, el combate a la corrupción, el régimen de sanciones a los servidores públicos, el modelo de autonomía constitucional de las instituciones encargadas de auditar el ejercicio del presupuesto y la propia fiscalización de éste.

Por ello, aunque es claro que la ofensiva contra la corrupción está en el centro de todas las plataformas, discursos y posiciones electorales de los candidatos, es necesario saber qué es lo que proponen, más allá de las frases hechas, la indignación sonora en sus participaciones públicas y la simplificación de este fenómeno dañino complejo.

Entender que a la corrupción como un fenómeno, complejo, sistémico y cuya principal área de oportunidad se encuentra en el diseño institucional y no en la calidad moral de las personas que ejercerán la función pública, es el mejor diagnóstico para arrancar el diseño de las reformas e implementación de políticas públicas que deberán impactar sobre dicha realidad, hoy vigente y descubierta.

El Sistema Estatal Anticorrupción –que podemos empezar a identificar como #SEA-, tiene evidentes ventajas frente a otras estrategias de combate a la corrupción. La primera de ellas es la pluralidad de su propia conformación, no confiando a un solo órgano del Estado, y no exclusivamente a éste las políticas públicas que harán frente a dicho fenómeno. Entre sus características primordiales se encuentra la participación efectiva de la sociedad civil y la interacción institucional de varios organismos, de los distintos Poderes del Estado, así como Órganos Constitucionales Autónomos, lo que permite una amalgama positiva de gobernanza, transparencia, institucionalidad y legalidad.

@CarlosETorres_
Miembro de Impacto Legislativo.

*Publicado en La Jornada Zacatecas.

Política local-Transparencia y rendición de cuentas.

La tres de tres y las elecciones en Zacatecas.
Por: Carlos Eduardo Torres Muñoz.

Inicio con dos premisas inevitables. Primera: El próximo 5 de junio los zacatecanos acudiremos a las urnas para renovar los dos Poderes populares, es decir, el Ejecutivo y el Legislativo. Hay pluralidad en las opciones. Argumentos van y vienen, las estrategias chocan, las encuestas abundan, las propuestas se escuchan, se leen, hay información electoral por todos lados.

Segunda: Desde la elección del 2015, surgió, de la sociedad civil, una exigencia a la clase política, una propuesta para blindarse contra la tentación de la corrupción, en lo posible: la iniciativa tres de tres, que solicitaba a los aspirantes a algún cargo la presentación de tres declaraciones: la patrimonial, de impuestos y posibles conflictos de interés.

Corrupción, la palabra también es uno de los términos más recurrentes hoy en día en todos los medios. La palabra política, hoy parece acompañada de aquélla, y exige de la ciudadanía una clara independencia, una tajante distancia, una demostrable diferencia.
La iniciativa tres de tres, devino en una Iniciativa Popular, para regular a través de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la presentación de las declaraciones ya mencionadas. El debate continúa en el Congreso de la Unión, pero Zacatecas, con su contexto electoral, permite una extraordinaria oportunidad para dar esta lucha aquí.

La iniciativa de ley, como lo calificó The Economist (Stop stealing) es un “ejemplo de movilización popular sin precedentes contra la corrupción en América Latina”. Ésta, sin embargo sólo es la consecuencia, el reforzamiento de la primera exigencia de la presentación de las tres declaraciones.

Cómo la define el propio portal www.tresdetres.mx se trata de una “Iniciativa que busca reconstruir la confianza ciudadana a través del compromiso y transformación de la clase política en nuestro país: funcionarios y políticos que antepongan los intereses de México a los suyos.”

Según Transparencia Mexicana, junto al Instituto Mexicano para la Competitividad, una de las principales promotoras de la iniciativa, para este proceso electoral, los números no son del todo positivos: de 948 cargos de elección popular a disputarse en la próxima elección (descontando a los 60 Constituyentes de la Ciudad de México), multiplicados por el número de aspirantes (qué quién sabe cuántos sean, pero para cada caso no deben ser menos de tres), tenemos que sólo 95 candidatos han presentado su 3 de 3, según el reporte fechado al 5 de mayo pasado, aunque la propia organización informa que aproximadamente cien candidatos más se encuentran en el proceso de hacerlo.

De estos 95 candidatos, por partido político encabeza el Partido Revolucionario Institucional, con 28, le sigue el de la Revolución Democrática con 24 y luego Acción Nacional con 20 (desconozco el criterio que se utilice para el caso de los partidos que van en Coalición, como los dos anteriores). Sin embargo, en el caso del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), solo hay dos candidatos, y de Movimiento Ciudadano cinco. Hay ocho independientes, y tres del Partido Encuentro Social. El PT tiene uno. Nueva Alianza y el Partido Verde, ninguno. Sin embargo, en el caso de éstos últimos tres, recordemos que van en coalición con algunos otros partidos, como es el caso de Aguascalientes, donde la candidata a Gobernadora, Lorena Martínez, es contabilizada para el PRI, sin serlo para los últimos tres, de quiénes también es candidata.

En Zacatecas, de los siete candidatos a Gobernador solo tenemos dos con sus declaraciones publicadas: Alejandro Tello, de la Coalición Primero Zacatecas (quien la presentó siendo Senador de la República) y Rafael Flores Mendoza, de la Coalición Unidos por Zacatecas.

De los candidatos a Alcaldes, al día del reporte, sólo había cuatro, todos del Partido Revolucionario Institucional, y a Diputados tres, dos del mismo PRI, y una de Morena.
Cómo bien lo ha reflejado una nota periodística de este mismo medio, son apenas 9 de 8 mil 781 candidatos.

En el debate del pasado domingo David Monreal se comprometió a presentarla, ojalá que así sea, pues fue renuente, y la iniciativa suya con la que durante más de la mitad de su campaña, la buscó sustituir, titulada 5 de 5, no la he podido encontrar en ninguna parte, por lo que para términos públicos, no existe (sí hay notas periodísticas, pero no documentos y pues así no se vale).  El anuncio es bienvenido, pero el aplauso deberá esperar a ver su #3de3 en la página antes citada aquí mismo. Ojalá no sea el último y se unan a esta dinámica el resto de los candidatos.

Finalmente, amigo lector: la tres de tres es un ejercicio cívico sin precedentes, para muchos (incluido el que esto escribe) es una condición sine qua non otorgar la confianza a través del sufragio. A usted le dejo la conclusión. 

@CarlosETorres_
Miembro de Impacto Legislativo.

Publicado en La Jornada Zacatecas.

Transparencia y rendición de cuentas.

Sistema Nacional Anticorrupción ¡Ya!
Por: Carlos Eduardo Torres Muñoz.

Este relato usted ya lo conoce: un grupo de ciudadanos, académicos y especialistas, se unieron para elaborar un proyecto de ley que combatiera la discrecionalidad, la corrupción y la impunidad en el servicio público, lograron armar un proyecto coherente, ordenado y ambicioso de Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conocida hoy por todos, como #Ley3de3; a su promoción se unieron empresarios, instituciones académicas, organizaciones civiles y un etcétera en el que cabemos muchos, incluidos políticos y también servidores públicos.

La demanda de un alto a la corrupción, en esta coyuntura histórica en contra de ése fenómeno tan agresivo en nuestro país, ha sido el contexto perfecto para la participación ciudadana. La iniciativa de Ley requería 120 mil firmas para su discusión en el Congreso General; llegó a superar las 630 mil. Robusta y sólida por su contenido y expectativa, la Ley produjo de inmediato incomodidad en la clase política, aun cuando se esforzaran en demostrar lo contrario. Prueba de ello es que hay entre quienes más se aferran a su defensa no han dado el paso voluntario de presentar sus tres declaraciones en la plataforma www.ley3de3.mx.

Natural es que el proceso haya sido complejo, nunca antes había sucedido algo similar en nuestro país. Estamos ante una demostración de conciencia cívica activa inaudita en México. En la dinámica del Parlamento Abierto, durante el diálogo hubo momentos de impase: lo normal en una negociación. Sin embargo, con extraordinaria madurez política, los representantes de las organizaciones en la mesa supieron responder con respeto, argumentos y cortesía, a los políticos que tenían enfrente, tan poco acostumbrados a dialogar en esos términos. Además de esto, los participantes ciudadanos han sabido ser inteligentes al grado tal de entender la malicia de grupos políticos que los han querido reclutar para sus causas electorales. Han tendido la mano, sin dejarse jalar para un lado. Todo ello merece un reconocimiento extenso y público a Transparencia Mexicana; el Instituto Mexicano para la Competitividad, Fundar, la Red por la Rendición de Cuentas y todo ése conjunto de organizaciones que se sentaron a dialogar y negociar con dignidad, fortaleciendo la confianza y credibilidad que los puso ahí.

Sin embargo aún no se ha culminado el esfuerzo, falta lo más importante: que se materialicen las propuestas en forma de Leyes y que le demos vigencia a la voz de estos miles de mexicanos que hemos exigido a nuestra clase política dé un paso definitorio en contra de la corrupción y la impunidad.

El grupo de expertos ha logrado la incorporación de 30 elementos de la iniciativa ciudadana al proyecto presentado por la coalición legislativa mayoritaria en el Senado de la República (PRI-PVEM): Ley general que somete a un mismo régimen de responsabilidades a todos los órdenes de gobierno, órganos, entidades e instituciones;   Códigos de Ética con implicaciones legales; Incluir entre los sujetos obligados a candidatos, equipos de transición, líderes sindicales, servidores públicos y particulares; Directrices de conducta en el servicio público; Todas las obligaciones que dirigen la conducta del servidor público; Declaraciones Patrimonial, Fiscal y de Intereses que deberán contener toda la información necesaria para conocer la evolución en el patrimonio y versión pública de éstas; Plataforma digital para recibir declaraciones y verificar su veracidad, conectada a todos los sistemas de información necesarios; Los 10 tipos de corrupción nominados y completos, en donde además se reconoce que se amplían los tipos y conceptos de corrupción; Tipo de corrupción especial de soborno diferido para candidatos, miembros de equipos de campaña, equipos de transición y dirigentes partidistas; Tipos de corrupción que impliquen a personas físicas y morales; Herramientas especiales de investigación; Autonomía de las autoridades investigadoras; Protección a testigos y denunciantes; Principios básicos y obligaciones en la investigación; Capítulo de integridad de personas morales;  Procedimiento administrativo completo que separa en diferentes autoridades: investigación, sustanciación y resolución; Valoración libre de la prueba; Proceso de responsabilidades equilibrado;  Sanciones para todos los posibles involucrados en actos de corrupción; Mecanismos para incorporar la figura internacional de “whistleblower”; Recursos de revisión para denunciantes; Amplias facultades del Tribunal para regresar expediente e instruir mejor investigación; Mecanismos para la eficacia de las sanciones, y Registro Nacional de servidores públicos sancionados; Sanciones agravadas por las condiciones del acto, su impacto y las características del servidor público; y Reducción de sanciones por confesión[1].

Pero también han reclamado la ausencia de las reformas en materia penal necesarias para darle operatividad plena al Sistema Nacional Anticorrupción, y las competencias de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Corrupción.

Por si esto fuera poco, el período se terminó sin la conclusión de dicho proceso, y aunque ya se ha acordado un período extraordinario, le solicitamos a los Legisladores miembros de la Comisión Política Permanente, la discusión y análisis de este asunto, como uno de importancia y urgencia impostergable: la oportunidad de acrecentar su nivel de credibilidad está frente a ustedes, neta: no la desaprovechen.
@CarlosETorres_
Miembro de Impacto Legislativo.

Transparencia y rendición de cuentas.

Transparencia y ciudadanía*.
Por: Carlos Eduardo Torres Muñoz.


A los Senadores zacatecanos en funciones: Carlos Puente Salas, José Marco Antonio Olvera Acevedo y Héctor Adrián Menchaca Medrano: les solicitamos su respaldo, impulso y voto a favor de la #Ley3de3.

La transparencia es el tema de agenda en las últimas semanas en nuestro país. La connotación es evidentemente política y de victoria ciudadana frente a la decepción y pésima imagen que mantiene la clase gobernante en el país. Es, desde luego y los antecedentes en México así lo demuestran, un triunfo de la sociedad civil, distinguiéndola de la partidista, sobre quiénes ejercen la función estatal. Sin embargo, nos hemos fijado poco en el reto inmediato que tenemos una vez logrado ampliar este derecho: ejercerlo con responsabilidad, como herramienta de rendición de cuentas, de combate a la corrupción, de vigilancia y control de quiénes administran el erario desde cualquier poder público.

El próximo cinco de mayo, inicia la vigencia plena de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que sistematiza, homologa y organiza las obligaciones en la materia en todo la República. Ésta ley será ya de observancia general, aún para las entidades, que como en el caso de Zacatecas, no han armonizado sus respectivas leyes en la materia.

Entre las novedades que contiene esta legislación se encuentra el evidente aumento de obligaciones para los sujetos obligados, entendiendo por éstos a los tres poderes (tanto de  nivel estatal como federal), municipios, organismos públicos autónomos, sindicatos, fideicomisos, partidos políticos, universidades, y todas aquellas personas físicas y morales que ejerzan algún tipo de recurso público. 

Serán cuarenta y ocho nuevas obligaciones comunes, más las específicas para cada uno de dichos sujetos obligados en lo particular.

Ello en concordancia con el planteamiento, que según José Antonio Aguilar Rivera (en Transparencia y democracia: claves para un concierto), se entiende cada vez más por transparencia, apertura activa,donde los gobiernos no sólo permiten la observación de los ciudadanos sobre sus actividades, sino que también divulgan de manera proactiva la información que poseen y producen en ejercicio de sus funciones.

Se ha logrado ampliar y con creces este derecho para los mexicanos. Ahora, el reto está representado en su ejercicio pleno. Pues como lo señala Mauricio Merino (citado por el mismo Aguilar Rivera en el documento antes mencionado) no basta el compromiso ético de los funcionarios con la rendición de cuentas, sino que es necesaria la construcción de reglas del juego que auspicien y garanticen el proceso de apertura de la información y la garantía de que, efectivamente, se cumplan. Pero también es indispensable, del otro lado, que los ciudadanos no solamente obtengan el derecho de acceso a la información, sino que además la utilicen cada vez más para fortalecer las vías de participación y el control democrático del poder.

Ahí se encuentra nuestro reto actual, conciencia y acción cívica, desde la cancha ciudadana para que la información nos sirva objetivamente, para que la transparencia se convierta en una herramienta efectiva contra la corrupción, la incompetencia, impunidad y el abuso del poder, más que como un derecho estático, dado para su contemplación abstracta y su observación pasiva.

Finalmente y volviendo a Aguilar Rivera, “en la democracia siempre será necesario que los individuos se preocupen por invertir tiempo y energía mental en mantenerse informados  sobre la marcha de los asuntos públicos”.

La transparencia, en efecto, sirve a la rendición de cuentas, pero sólo dándole un uso activo, aquí, los medios de comunicación, a través del periodismo de investigación, tendrán importantes insumos para servir a la ciudadanía en la constante vigilancia, como aduanas de la confianza y credibilidad de los funcionarios, políticos y servidores públicos, en general.

La oportunidad de elevar nuestro nivel de impacto a partir de nuestro rol de ciudadanos, se encuentra hoy en la información, que a través de dinámicas institucionales, como la transparencia, el gobierno abierto y el acceso a la información pública, se puede obtener, y con ella, establecer demandas claras, con responsabilidad y sustancia.

Por cierto, no voltearé hacia otro lado: los Senadores (del partido que sean) deben respetar la voz y firma de más de 630 mil ciudadanos, para discutir la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conocida como Ley tres de tres. Insisto: ¡La tres de tres va!

@CarlosETorres_

*Publicado por La Jornada Zacatecas

Política.

Votar-botar la ley*.
Por: Carlos Eduardo Torres Muñoz.

Lamentablemente, no es una novedad el que tengamos una clase política reacia al cumplimiento de la ley, y tampoco lo es que la ciudadanía en general, tenga una terrible desconfianza en las instituciones, y la percepción preocupante en torno al estado de derecho, ése concepto que a base de ser elemento constante del discurso, tan abstracto y complejo, se siente lejano, sino falso.

Además de lo anterior, el desgaste propio de las instituciones encargadas de administrar justicia no ayuda en una mejor recepción de las sentencias y determinaciones que éstas toman, casi siempre opacas, incomprensibles para el ciudadano común, estrictas hasta la lógica de la lex dura sed lex (la ley es dura, pero es la ley), concebidas más como un instrumento de consolidación de los fuertes, que como un acto de igualdad hacia con los débiles.

Este es un todo un asunto de debate, incluso filosófico de la teoría jurídica. Nos enfrentamos constantemente, quiénes tenemos un trato constante con el derecho, a su doble cara: la de procurador de justicia, y su, no pocas veces fallida misión, profundizando la injusticia, por su método. Nuestros sistemas jurídicos se han vuelto complejos, gigantes en algunos casos, híper-especializados y cada vez más públicos, sin que por ello logremos en sí mejorar la percepción de éstos, o su relación con la sociedad en general, un asunto, por cierto, cada vez más notable en la nueva dinámica democrática-constitucional en la que nos estamos insertando.

Además de ello, resultado de nuestra larga transición a la democracia, en México nos otorgamos una reglamentación en materia electoral excesiva, invasora, muy poco liberal, inclusive, limitante de otros derechos. Nuestras leyes en este sentido han buscado regularlo todo, los casos habidos (de las experiencias) y los que pudiera haber (hipótesis normativa), al grado tal que han vuelto el derecho humano de ser votado (el de votar es poco más sencillo) uno extremadamente complejo, pero que, curiosamente, lo han legislado y creado, los mismos que fueron y han de ser votados.

Por ello la judialización de los procesos electorales es cada vez más común, es casi imposible no cometer lo que podría parecer una falta para el adversario,  en una campaña electoral. Así vemos como la última palabra cada día más, queda en manos del único poder no popular de nuestro Estado: el Judicial. No denigro con este adjetivo al Poder Judicial. Al contrario, coincido en que a él no deben llegar los populares, sino los profesionales. No incido en el tema, da para otros renglones, en otra ocasión.

En lo que sí quiero abundar es en el peligro de pretender que la ley se preste, para su aplicación, en un asunto de actos populares, más que de razón y argumentación jurídica. Ése es un peligro que regresa con la intención (peligrosa) de ir en búsqueda de las mayorías en todo, incluidas las sentencias.

No es ésta la lógica que ayuda al fortalecimiento de la cultura del respeto a la ley, el estado de derecho y la correcta aplicación del principio de legalidad. No podemos elegir a iniciativa de parte qué ley nos debe aplicar y en qué casos, es obviamente pueril la idea de esto.

En Zacatecas, en pleno proceso electoral hemos sido testigos de una medida administrativa legal y jurídicamente justificada, pero popularmente inapropiada. El caso me parece simple: un ciudadano, en su aspiración de ser candidato y luego Gobernador del Estado, usó una estrategia que le pareció simple pero eficaz: adelantarse a hacer campaña sin llamarla precampaña, ponerle otro nombre, una argucia jurídica para darle la vuelta a la fiscalización de la propaganda personalizada. Dada la cultura legaloide que prevalece en la lógica litigante, les pareció una buena idea. El INE, con una Comisión de Fiscalización, encabezada por un brillante intelectual –me consta- (Ciro Murayama), no se dejó ver la cara; encontró pruebas de esta argucia y actuó en consecuencia, quizá para poner un escarmiento. Entonces vino la victimización, que seguro dará resultados. Tiene ya de regreso su candidatura, habrá burlado la ley, pero el Tribunal Electoral definió que aun así podía competir, y qué bueno por el derecho de la ciudadanía a votar, no por el suyo a ser votado, sino por el de sus seguidores a votarlo.

Lo lamentable aquí es que su “gandallismo” ésa actitud que tanto mal hace a nuestras instituciones y a nuestra cultura de la legalidad, dio nuevamente dividendos, a éstas “víctimas de la mafia en el poder”, tan vivaces y audaces para aparentar que la razón les asiste, a través de los gritos, las marchas y la simplificación maniqueísta de “buenos contra malos”, del uso de la decepción y de la esperanza de la gente, a la que dicen tanto representar.

Ojo, si al llegan al gobierno, también podrían utilizar las mismas argucias: cambiarle el nombre a los procesos, procedimientos y figuras legales. Quizá ya no sean empréstitos, sino “Inversión para el fortalecimiento de la soberanía popular”, y… pues así.

@CarlosETorres_

*Publicado por La Jornada Zacatecas.