Constitucionalismo

El municipio: tradición democrática en México.

Por: Carlos E. Torres Muñoz*.

A diferencia del pacto de unión de las trece colonias inglesas para constituirse en una sola nación denominada Estados Unidos de América, en el que éstas pugnaron por sostener su soberanía, aceptando consolidarse en Federación solo ante el riesgo de una agresión extranjera, en México el proceso de unidad fue diferente. No surgió de una pugna de las antiguas provincias (salvo excepciones como las de Zacatecas y  Jalisco entre otras), sino de una decisión del centro. En sus primeros ensayos dicho modelo de Estado no generó unidad, sino al contrario la división que culminó en la separación de Texas, la rebelión de Zacatecas, y Yucatán, y finalmente, la instauración del centralismo durante el doble de tiempo en que estuvo vigente el federalismo.

Contrario a este fenómeno el gobierno local, sea con el nombre de Jefatura Política, Distrito o Municipio, tiene una tradición bicultural e histórica en la organización social mexicana. El Municipio, como forma de Gobierno fue traído a América por Hernán Cortés, fundando el primer Ayuntamiento de la América Continental: Veracruz. Antes de su llegada los mexicas organizaron el Imperio Azteca en su base a través de los Calpullis que si bien eran más bien barrios, tenían una lógica similar a la de la naturaleza municipalista: la organización vecinal.

Es así como el Municipio como Institución política ha sido la única que ha perdurado en todas las etapas históricas de nuestro país, desde la Conquista hasta la actualidad, pasando por las constituciones federalistas, centralistas, por los gobiernos republicanos e imperiales.

Sostenemos por lo tanto que es el Ayuntamiento la autoridad con la que el pueblo mexicano sostiene, y ha sostenido más interacción a lo largo de su historia política, a diferencia de los otros dos órdenes de gobierno, y por lo tanto también es el centro de sus demandas, de su atención y en contra parte, es el centro ideal para el desarrollo de la participación social y democrática en nuestro país.

Durante los últimos años se ha logrado introducir en los municipios numerosas reformas que han consolidado su espíritu de participación social, democracia directa y participativa, y de catalizador de la demanda social. Hoy son los gobiernos municipales los que más cerca están de la posibilidad de poner en práctica la gobernanza y de ser un espacio de expresión democrática cada día más necesaria en México.

Su propia conformación, más similar al del semi-parlamentarismo (en el que el Ejecutor y superior administrativo forma parte del órgano de decisión), que al Presidencialismo (En el que el Ejecutivo es un poder que posee cierta autonomía frente a los otros dos), le permite al interior del Ayuntamiento tener una sólida vida democrática a través del debate y la participación a la par de la oposición y la figura del(a) Alcalde (sa).

Además de lo anterior, su cercanía al ciudadano, su deber constitucional de brindar servicios de índole cotidiana, y su naturaleza misma de ser más una organización de vecinos, aumentan las potencialidades para ejercer a través de mecanismos de consulta ciudadana y democracia participativa directa, un poder responsable, transparente y sobre todo de atención y coordinación social.

Lamentablemente no hemos logrado entender esto. Los gobiernos municipales en su mayoría hoy sostienen más una política de largo alcance -ambiciosa-, coadyuvando en tareas que no le corresponden directamente y olvidando las que sí debería atender como son: alumbrado público, drenaje, limpieza, etc., no hay mecanismos que hagan corresponsables a los encargados del control administrativo (Contralorías) de los abusos u omisiones de los órganos ejecutores (Direcciones o Secretarías), no hay planes de consulta ciudadana, ni de presupuestos participativos. Las líneas de comunicación están limitadas entre autoridades y sociedad civil, cuando en teoría, estás deberías sostenerse de manera natural por ser, como decíamos antes, una organización de vecinos.

Una reforma a la Ley Orgánica del Municipio, la reglamentación específica de las obligaciones y limitaciones de los Ayuntamientos y finalmente, un diseño institucional que permita políticas públicas más allá de los cortos trienios, podrían fortalecer estas potencialidades y acercarlas a la práctica y realidad.

Apunte final: de acuerdo al Informe País del Instituto Nacional de Elecciones, que mide el nivel de confianza de los mexicanos para con las instituciones e incluso entre sí mismos, el nivel de confianza en los gobiernos municipales hoy está en el 30%, superior al inferior del 20% que muestran partidos políticos y el Congreso, pero aún deplorable, dada la cercanía y vinculación entre este nivel de gobierno y la gente.

Dicen por ahí: Urge legislar. Sí y también urge estudiar, actualizarse y hacer conciencia de lo que significa administrar los recursos de nuestros vecinos, no ejercer el poder en un universo paralelo, con demandas, necesidades y obligaciones distintas a las de esta realidad.

Me atrevo a apuntalar un ejemplo: El gobierno de Lorena Martínez en Aguascalientes.